Centro Periodismo Investigativo

Golpe de Estado a las Estadísticas

2010-09-01T15:02:46Z

Mientras todos protegían la vida y la propiedad en medio del Huracán Earl, el Presidente de la Junta de Planificación (JP) y nuevo secretario general del Partido Nuevo Progresista, Héctor Morales, utilizaba los últimos dos días que le quedaban en el puesto público para destituir a toda prisa y de manera presuntamente ilegal al Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas (IE), Dr. Mario Marazzi.

El Instituto fue creado por ley debido al estado precario y de poca confiabilidad de las estadísticas gubernamental, y ha sido torpedeado históricamente por distintas administraciones de gobierno porque dificulta la manipulación de las estadísticas y provee amplio acceso a la información a la ciudadanía. La remoción de Marazzi responde a que bajo su dirección la agencia, cuya incomienda es velar por la pureza de data que produce el gobierno y promover su divulgación, ha demandado a otras agencias que incumplen con este mandato sin consultar con su Junta de Directores.

La determinación fue tomada el domingo 29 de agosto a las 7:10 de la noche, según copia de la Resolución de la Junta obtenida por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), donde no sé dice como quedó la votación de los siete miembros: el profesor Evaristo Sánchez, Morales, el profesor Ángel Ruíz, el profesor Félix Cué, la planificadora Nannete Ortiz, la Decana de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Sonia Ballet, y el estadístico de ventas de Axxesa, Marcos Matos. Cinco de estos siete miembros han sido nombrados por el Gobernador Luís Fortuño.

El Artículo 10 de la Ley del Instituto establece que el Director Ejecutivo, quien es nombrado por un término de 10 años, sólo puede ser destituido por justa causa, previa a la formulación de cargos y oportunidad de ser oído lo que no ocurrió.

El documento sostiene que la razón de la suspensión “sumaria”, “inmediata” e “indefinida” de Marazzi es que éste actuó en forma “ultra vires” (sin autoridad legal) al demandar al gobierno y en particular al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para que publique el nuevo Índice de Precios al Consumidor que tras 15 años de inconsistencias fue revisado. El Departamento no ha publicado esta importante estadística desde enero.

Morales, en funciones plenamente políticas a partir de mañana 1 de septiembre, era al momento el representante del Gobierno en la Junta del Instituto y, según tres fuentes cercanas que pidieron no ser identificadas por temor a represalias, convenció a una mayoría de los miembros para que aprobasen la suspensión de Marazzi y una investigación de las demandas que ha incoado en contra de otras agencias porque presuntamente las ha radicado sin aprobación de la Junta. El ahora ex presidente de la JP y ex miembro de la Junta del Instituto no devolvió llamadas ayer para ofrecer su versión de los hechos.

Inexplicablemente la acción fue informada a los medios en un comunicado que hace un sin número de imputaciones serias sin atribución, como que Marazzi quería publicar información “errónea”, y que salió directo de la JP, cuando Morales es un simple miembro de Junta del Instituto. De hecho, la persona contacto del comunicado es el secretario de prensa de la JP, Tulio Endi y ni él, quien tampoco estuvo disponible para dar explicaciones.

El parte también informa que el Director Ejecutivo interino del Instituto es el Director Ejecutivo de la JP, Manuel Cardona Martínez, y le atribuye la totalidad del anuncio al Presidente del organismo, Evaristo Medina.

En evidente asombro Marazzi –graduado de las prestigiosas universidades de Harvard, London School of Economics, y Cornell y ex economista de la Reserva Federal en Washington- desmintió la información.

"Me he comunicado con el Presidente de la Junta de Directores, el Prof. Evaristo Medina. El Prof. Medina me ha indicado que el no ha participado en ninguna expresión pública relacionadas con el Instituto. Por lo tanto, el comunicado de prensa que ha estado circulando en el día de hoy en el cual se le atribuyen expresiones al Prof. Medina no es correcto. No conocemos la fuente del comunicado que ha estado circulando", afirmó.

El Dr. Marazzi declinó hacer comentarios adicionales por lo que no precisó qué acciones legales, si alguna tomará.

No fue posible lograr comunicación con Medina y los demás miembros de la Junta.

La dimisión fue duramente criticada por el Presidente de la Cámara de Comercio, el ingeniero Raúl Gayá, quien defendió la gestión del economista, dijo que se ha ganado la confianza del sector privado, y sentenció que sacarlo del Instituto es “un error”. De paso, defendió el nuevo Índice de Precios al Consumidor que el Gobierno se rehúsa a publicar y que fue elaborado por el Instituto en colaboración con varias organizaciones

“Este índice es muy conocido entre los inversionistas ya que mide las presiones inflacionarias así como la actividad económica de la manufactura, resultados que son relevantes para los inversionistas”, afirmó sobre el índice censurado en un comunicado donde además dice que sus socios están reclamando esta información.

“No hemos podido ofrecerla pues en la Junta de Planificación no está disponible, y tampoco nos han podido ofrecer una respuesta convincente en torno a la razón por la cual la misma no está disponible”, agregó.

"Cualquier agencia o instrumentalidad que sea parte del gobierno carece, por
su propia naturaleza, de autonomía e independencia de criterio. Cualquier
esfuerzo como el del Instituto de Estadísticas, para ser realmente
independiente, creíble y útil tiene que existir fuera del control fiscal y
gerencial del gobierno”, apuntó a su vez Miguel Soto Class, Presidente del Centro para la Nueva Economía.

El Instituto, que ha sido planteado como una necesidad por gobiernos populares y penepés debido las serias deficiencias de y cuestionamientos de diversos sectores a las estadísticas gubernamentales, información que es indispensable para el establecimiento de la política pública y de soluciones a los problemas del país. Por su importancia el puesto se creó con una duración de 10 años al igual que otras posiciones de fiscalización del gobierno al propio gobierno tales como el Contralor y el Director Ejecutivo de Ética Gubernamental, entre otros.

Según el parte y la citada Resolución, la actual Junta decidió remover al funcionario por acudir a los tribunales para que se obligue a algunas agencias a corregir y publicar sus estadísticas en cumplimiento con el mandato de ley del Instituto.

“Esto es una excusa. Lo cierto es que quieren desmantelar el Instituto”, afirmó una de las fuentes indicando que les impide manipular las estadísticas.

Según la exposición de motivos de la Ley del Instituto, el mismo se crea precisamente para evitar el “conflicto de interés” que se crea cuando las agencias son a la vez las que consumen y producen la información sobre ellas mismas lo que las expone críticas de manipulación y ha causado “la crisis actual de credibilidad en la información que suple el Gobierno”.

Bajo el la dirección de Marazzi, quien lleva tres años a cargo y ha logrado un avance significativo en el acceso del público a las estadísticas de gobierno, el Intituto ha tenido que demandar a varias agencias de gobierno por acceso a información para poder cumplir con su mandato de ley. Entre ellas figuran un interdicto para obligar al Departamento del Trabajo a publicar los nuevos índices de precios al consumidor y al Departamento de Salud para que ponga al día las estadísticas de causas de muerte del país de la última década por errores crasos.

El CPI también ha tenido que acudir a los tribunales en siete ocasiones en los pasados dos años debido a la renuencia frecuente del gobierno a entregar información pública, incluyendo las estadísticas de causas de muerte de Salud, y el tema de la dificultad del acceso a la información del Gobierno ha sido planteado también por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.

Gobernador extiende su influencia en el Poder Judicial

2010-08-28T15:21:59Z

A la vez que consolida una mayoría en el Tribunal Supremo, la Administración Fortuño se aseguró una nueva arma para extender su influencia en el Poder Judicial con una ley que aumenta los nombramientos de los jueces municipales a 12 años.

En lo que queda de cuatrienio, el Gobernador tendrá la oportunidad de nombrar a 26 de estos jueces quienes se destacan por ser los que usualmente presiden las vistas de causa para arresto. Esta vista es la primera etapa de los procesos criminales, se realiza sin jurado, y usualmente sólo con el testimonio de los agentes del Estado, o incluso sólo con declaraciones juradas. Además, los magistrados municipales manejan las recusaciones y controversias electorales, así como disputas sobre propiedades. Generalmente son la única, y por ende más poderosa, presencia judicial en sus municipios.

Cámaras en residenciales: desperdicio de $13 millones

2010-08-28T15:19:08Z

La estrategia de cámaras de vigilancia en los residenciales públicos que impulsó la Administración Acevedo Vilá significó una pérdida de al menos $13.2 millones con implicaciones de fallas en la selección del contratista y pagos de equipo a sobreprecio, según una auditoría del Departamento de Vivienda federal (HUD).

La razón para el fracaso es que pocas fueron instaladas y, además, sufrieron vandalismo. Sin embargo, el contratista del programa denunció que los problemas se deben a que la Administración Fortuño tiene el programa paralizado hace más de año y medio, lo cual los movió a solicitar la auditoría.

Ley 7 le tumbó $157 millones a Retiro

2010-08-20T16:15:36Z

Mientras el déficit de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (ASR) crece y su fecha de posible colapso se acerca, nuevas medidas gubernamentales, como la llamada Ley 7, siguen desangrando las finanzas y contribuyendo a lo que podría convertirse en la mayor crisis fiscal de la historia de Puerto Rico.

El déficit de la caja de ahorro de generaciones enteras de puertorriqueños ya va por $17,100 millones. Para mantener esa cifra en perspectiva, el Fondo General que alimenta las operaciones del Gobierno por todo un año tiene actualmente $8,195 millones, o lo mismo que menos de la mitad del déficit de Retiro. Si Retiro se queda sin dinero, por obligación legal el Gobierno tiene que asumir el pago de pensiones. Ese dinero sólo estaría disponible si se recortan más servicios o si se aumentan las contribuciones.

Pisa y no ARRAnca

2010-08-20T15:55:34Z

A pesar de que la Administración Fortuño usó la ley federal de Recuperación y Estímulo Económico (ARRA) como base para su plan de desarrollo, la realidad es que el programa federal se quedó cortó en su capacidad de generación de actividad económica y que el Gobierno no tiene un sustituto para el próximo año, cuando ya esos fondos se van a secar.

El aura de salvador que el Gobierno creó sobre ARRA prácticamente ha desaparecido en tan sólo un año. En julio de 2009, el equipo económico del Gobierno aseguraba que las estrategias de desarrollo, incluyendo los fondos de ARRA, crearían 250,000 empleos. En junio de 2010, con tasa de desempleo de 16.8% y al menos 28,000 empleos perdidos en el último año, el Gobierno admite que alrededor de ARRA se creó una “falacia” y que el propósito del programa no era crear empleos sino retenerlos y evitar que las estadísticas de desocupados fueran mayores.

Triple S y PMC quedan fuera de Mi Salud

2010-08-16T10:10:33Z

La que hasta ahora fue la principal aseguradora de la Reforma de Salud durante los 15 años de existencia del programa y única empresa local en carrera, Triple S, quedó fuera de las negociaciones de la nueva cubierta de pública que entrará en vigor en octubre bajo el nombre de Mi Salud.

El golpe será uno duro para Triple S, una de las principales empresas de la Isla, e incluso podría implicar despidos ya que ésta genera alrededor del 40% de sus primas de salud de sus contratos de Reforma, según rezan su más reciente informe trimestral y el informe anual 2009. Este último dice que la pérdida de contratos de Reforma “podría tener efecto adverso en los resultados operacionales y podría resultar en la reducción de cierto personal”, entre otros. Los seguros de salud representan el 90% de los ingresos de Triple S.

Designado al Supremo y su caso "no tradicional"

2010-08-07T17:42:16Z

El cuarto nombramiento al Tribunal Supremo de la Administración Fortuño, Edgardo Rivera García, enfrentó una demanda de reclamación de alimentos en 1998 que fue resuelta el año siguiente mediante un archivo "sin perjuicio", un término que se usa para aclarar que el caso podría volver a presentarse si fuera necesario.

Durante la conferencia de prensa en la que se anunció su designación, el juez indicó que "en cuanto a la familia tradicional, pues ciertamente creo en la familia tradicional", la cual definió como "la familia papá, mamá, sus niños". La mujer demandante del caso de alimentos no es la misma persona que figuró como su "ex esposa" en el informe que la Comisión de Seguridad Pública y de Asuntos de la Judicatura preparó el año pasado cuando pasó de ser juez superior a ser juez de apelaciones.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó el dato, que surge del archivo electrónico de la Oficina de Administración de Tribunales, como parte de una investigación sobre el trasfondo personal y profesional del actual juez de apelaciones. Tras varios intentos de obtener sus comentarios sobre el caso de alimentos, Rivera García indicó que no iba a contestar preguntas y se remitió a su récord.

Pero la investigación apunta también a que el Gobernador tergiversó ese récord durante la conferencia al asegurar que "por su corrección en el criterio jurídico, no fue revocado por el Supremo ni en una ocasión”, cuando la realidad es que, como juez superior, fue revocado en varias ocasiones.

De ser confirmado este próximo lunes, Rivera García podría convertirse en lo que se cree es el primer nominado al Tribunal Supremo que el Senado evalúa mediante el mecanismo extraordinario de autoconvocatoria. El Senado no está en sesión así que sólo puede descargar ciertas responsabilidades poque lo convoque el Gobernador en una sesión extraordinaria, o porque se autoconvoque.

Los tres días laborables que habrían entre su designación y su confirmación contrastan con los dos meses y medio de evaluación que tuvo Elena Kagan, el más reciente nombramiento del Presidente Barack Obama al Tribunal Supremo federal.

Minoría popular lo favorece

Si se mantienen las opiniones, Rivera García va a tener votos a favor no solo de la mayoría novoprogresista sino también de la minoría popular. El 29 de abril de 2009, cuando su nombramiento a Apelaciones se discutió en el hemiciclo junto con el de la jueza Sol de Borinquen Cintrón, el senador popular Alejandro García Padilla tomó la palabra para recomendarle a su delegación que le votaran a favor porque se trataban "de buenos nombramientos". El portavoz de la delegación, José Luis Dalmau, inmediatamente secundó porque, como Rivera García fue juez en su distrito de Caguas, daba fe de que era "muy querido" por los abogados de esa región.

La defensa de parte de la mayoría la hizo el propio presidente cameral Thomas Rivera Schatz, quien dijo que "tengo el privilegio de contar con un amigo como Edgardo" y confirmó que trabajaron juntos como asesores del Senado bajo la presidencia de Charlie Rodríguez, y como fiscales en la región Judicial de Carolina. Fue en esa región que se ventiló el caso de alimentos, primero ante la jueza Marilyn Martir Gaya, y luego ante Mirinda Y. Vicenty, quien firmó el archivo.

Las fuentes de la comunidad legal, dentro y fuera del tribunal, que consultó el CPI coinciden en que el juez tiene reputación de persona introvertida. "Es invisible, no tengo nada que decir de él", comentó un abogado penalista. "Sabe trabajar colegiadamente", opinó otra fuente. La senadora Lucy Arce, recordó que, como asesor, le asistió en la digitalización de la Biblioteca Legislativa y resaltó su "respeto y deferencia".

Antes de la judicatura, el desarrollo profesional de Rivera García se produjo bajo las alas de tres líderes del Partido Nuevo Progresista, los ex alcaldes de San Juan, Hernán Padilla y Baltasar Corrada del Río, y el ex presidente senatorial Rodríguez.

No es tan invicto como dijo Fortuño

Contrario a la imagen de invicto que quiso crearle el Gobernador, la investigación también refleja que, como juez superior, Rivera García fue revocado en varias ocasiones. Según datos del servicio de investigación Microjuris, la mayoría de las veces estuvo bajo el poder de revisión del panel apelativo compuesto por los jueces Zaida "Cucusa" Hernández Torres, Jorge Lucas Escribano, y Carmen Ana Pesante.

La ex presidenta cameral Hernández Torres ya no está en la judicatura, pero es una de las personas que tiene a su cargo entrevistar a los candidatos judiciales para el Gobernador Luis Fortuño. El juez Escribano, por otro lado, es uno de los que ha permanecido en la lista corta de candidatos del Gobernador para entrar al Supremo.

Ese foro quedaría completo con la designación de Rivera García, pero se espera que este juez forme un bloque mayoritario con los otros tres jueces nombrados por Fortuño para solicitar que la cantidad de jueces del Supremo sea aumentada de siete a nueve. Si esto ocurre, Fortuño habría nombrado a seis de esos nueve jueces. De acuerdo a las edades de los jueces nombrados, ese bloque mayoritario tiene oportunidad de permanecer inalterado por los próximos 15 años.

El récord judicial

De las 24 revisiones apelativas localizadas en Microjuris en los casos de Rivera García, ocho fueron para revocarlo. Por la naturaleza de los procedimientos criminales que trataba en su sala, no todas las revisiones son de asuntos finalizados sino de asuntos intermedios o preliminares.

Una de las revisiones que toca sobre el temperamento del juez ocurrió en el caso Pueblo v. Pastrana Benítez, cuando seleccionó y juramentó a un panel de jurados aún cuando el acusado estaba en sala encadenado y con su uniforme de preso. El juez estaba cansado de las posposiciones, pero el panel apelativo lo revocó porque se había causado un "serio perjuicio al acusado" al permitir que el jurado tuviera esa imagen del hombre encadenado en sala.

Otra determinación que le causó una revocación fue cuando no permitió que todos los abogados de la oficina regional de la Sociedad de Asistencia Legal se inhibieran en un caso, a pesar de que los mismos abogados y hasta los fiscales estaban de acuerdo en que había un problema de conflicto ético potencial (Pueblo v. Díaz Jiménez). Fue revocado también al interpretar que la Ley 54 contra la violencia doméstica era aplicable a una pareja con una relación adulterina, en la que la perjudicada estaba casada con otro hombre que no era el agresor (Pueblo v. Flores Flores). En un caso de alegado maltrato de menores, fue revocado al pretender quedarse con un informe psicológico para examinarlo solo en su oficina y entonces avisarle al acusado si encontraba alguna prueba exculpatoria (Pueblo v. Torres Ortiz).

Apelaciones lo sostuvo cuando determinó que una restitución de miles de dólares impuesta como pena en un caso criminal no podía caer bajo la protección de la Ley de Quiebras (Pueblo v. Ocasio Santa); y lo sostuvo en varias determinaciones de causa probable para arresto, incluyendo una en la que se alegó que la policía no hizo las advertencias de autoincriminación al acusado (Pueblo v Díaz Jiménez).

Hora cero para Mi Salud

2010-07-09T20:25:46Z

Domingo Nevárez, directo ejecutivo de ASES

Nota de edición: la versión original de esta historia, publicada el viernes 9 de junio de 2010, ha sido actualizada con la información de los licitadores que finalmente entregaron propuestas.

Llegó la hora cero para Mi Salud, e incumplimientos de ley y reglamentos ya han provocado cambios en la licitación.

De un lado, la entidad reguladora Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) dio un halón de orejas al Gobierno de Puerto Rico por uno de los elementos anunciados por el Gobernador Luis Fortuño en su Mensaje de Presupuesto: la práctica de requerir a los pacientes llamar a un servicio telefónico y obtener un código antes de acudir a una sala de emergencia o se les cobra un co-pago de hasta $20. A raíz de la notificación, la Administración de Seguros de Salud (ASES) tuvo que eliminar hasta el nombre de “Tele-Emergencia” de sus requerimientos a las aseguradoras.

Del otro lado, las aseguradoras han estado moviendo sus fichas para estar en cumplimiento y competir. Tenían hasta las 5:30 p.m. del viernes 9 de julio para entregar sus propuestas y entregaron cinco de las seis que quedaban en carrera: las tres que participan al presente de la Reforma de Salud (Triple S, Humana, y MCS) y dos nuevos jugadores Preferred Medicare Choice, y American Health. Esta última está aliada con Centene Corporation, según supo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

COSVI, que había afirmado el jueves que participaría, no entregó propuesta.

Según supo el CPI, CMS requirió a ASES el eliminar de la solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) la práctica de promover consultas telefónicas previo a acudir a sala de emergencia para mantener su aportación de $285 millones al plan de salud que cobija a 1.5 millones de indigentes en la isla. El Gobierno tenía sus esperanzas cifradas en esta nueva práctica para reducir la alta utilización y costos de sala de emergencia en la Reforma de Salud, ahora Mi Salud.

Domingo Nevárez, director ejecutivo de la ASES, confirmó en entrevista con el CPI que en efecto la citada agencia federal pidió unos cambios y entre ellos la eliminación de cualquier cosa que parezca un obstáculo al acceso a los servicios de emergencia. Informó que el gobierno ya no podrá usar el nombre “Tele-Emergencia” porque “da la impresión de que se quiere restringir el servicio de sala de emergencia”.

“Se quiere evitar cualquier viso de discrimen, la idea es que se dé el servicio”, afirmó Nevárez e indicó que ahora el servicio se llamará “Tele-Mi Salud”.

Sostuvo que además CMS pidió que la agencia fuese más específica con la reglamentación federal en el lenguaje de la propuesta, que la solicitud fuese redactada en inglés en vez de en español, que el plan cubra a la población Medicaid si recibe servicios en Estados Unidos y que se le provea transportación para servicios que no sean de emergencias libre de costo. Esto significa que cerca de la mitad de los pacientes tendrán estos beneficios mientras que la otra mitad, que es financiada sólo con fondos estatales, no los tendrán, reconoció el funcionario.

La llamada población Medicaid son individuos con ingresos ajustados de hasta $400 mensuales, incapacitados, embarazadas, niños y mayores de 65 años. La Estatal puede tener ingresos ajustados de hasta $800. El CPI quiso revisar todos los comentarios de CMS a ASES, pero el documento nunca fue entregado pese a promesas de Nevárez.

Según dijo el funcionario, esta es la primera vez que CMS pide copia del RFP a Puerto Rico y la explicación que se le dio fue que la agencia federal quiere asegurar que la Isla está en cumplimiento ya que estará recibiendo una inyección sustancial de fondos en los próximos años bajo la nueva Reforma de Salud federal. La isla recibirá $6,000 millones en un período de nueve años a partir del 2012.

Nevárez aseguró también que no se forzará a los empleados públicos a suscribirse al nuevo plan como se ha rumorado. La disposición que incluye a los empleados gubernamentales en la solicitud de propuestas se refiere a aquellos grupos que ya tienen derecho por ley a suscribirse voluntariamente al plan, como lo son los policías, explicó. No obstante, adelantó que lo que sí está fraguándose es que el Departamento de Hacienda le pase a ASES, por su peritaje, la responsabilidad de negociar los planes médicos de todos los servidores públicos en diciembre.

¿Star Island Health Plan?

Mientras tanto, las aseguradoras han estado haciendo sus ajustes para mantenerse o salir de la carrera por el bizcocho de $1,800 de Mi Salud.

Centene, una empresa de Missouri con planes Medicaid en nueve estados, generó gran controversia en los últimos meses porque llegó a la isla repentinamente a través de cabilderos y no estaba autorizada a vender seguros cuando comenzó el proceso de licitación, hará negocios a través de la aseguradora American Health.

En mayo el CPI reveló que ASES había permitido a Centene comenzar el proceso de licitación sin estar licenciada lo que motivó la solicitud de una opinión legal de parte de la agencia. Ésta concluyó que no ASES no podría aceptar la propuesta de una aseguradora sin licencia para operar en Puerto Rico, dijo Nevárez.

El anuncio de periódico que publicitaba la fecha de recogido de solicitudes decía “ASES invita a todas aquellas compañías interesadas y autorizadas por el Comisionado de Seguros y Organizaciones de Salud Mental a someter propuestas”. Centene recibió la propuesta sin tener la licencia, pero funcionario dijo no se incurrió en una violación porque el requerimiento aplicaba al momento de aceptar las propuestas, no a la hora de la entrega de la solicitud, alegó.

“Si no tienen licencia al momento de entregar (la propuesta), quedan fuera”, agregó a la vez que aseguro que hubiese entregado la solicitud a cualquier ciudadano que la hubiese pedido y que pagara los $10,000 requeridos.

Los que recogieron la propuesta ganaban también acceso a una conferencia obligatoria para licitadores que es cerrada y confidencial.

Centene aún no tiene licencia para operar en Puerto Rico, pero encontró la manera de participar de Mi Salud a través de una alianza con la aseguradora American Health, según fuentes del CPI. La información fue confirmada por el presidente de la Asociación de IPAs, el doctor Ismael Toro Grajales, quien añadió que algunos grupos médicos han firmado cartas de intención con la empresa dado que ésta les ofrece un pago fijo adicional para aliviar la carga económica y el riesgo que enfrentan bajo el modelo actual de “capitation”. Bajo el "capitation" actual, que ha sido criticado por los médicos por más de 15 años, a los galenos se les paga una tarifa por paciente y de ahí se descuentan los demás servicios que éste reciba tales como visitas a especialistas, laboratorios y medicamentos.

El CPI supo que inicialmente Centene tenía la intención de establecer una corporación local propia y ofrecer acciones a grupos de médicos primarios para ofrecer al Gobierno lo que bautizó como el “Star Island Health Plan”, pero que debido al escollo de la licencia optó por la alianza cuyos términos no han sido revelados. Ahora la compañía estaría implantando su modelo de servicios a través de American Health si resulta agraciada.

A fines de abril, previo a la apertura del proceso de propuestas, Centene estuvo reuniéndose agresivamente con médicos y otros proveedores de servicios de salud del país, incluso en hoteles de lujo, para presentarles su modelo de servicios y ganar su favor o endoso. En una presentación confidencial que obtuvo el CPI, Centene ofrecía a un grupo de médicos el 30% de participación en la nueva “Corporación de Reforma” y cinco de nueve asientos en la Junta de Directores de dicha entidad que a su vez manejaría el plan médico Star Island. Bajo dicho modelo Centene proyectaba retener el 12% de la prima y lograr obtener la contratación de una tercera parte del mercado de Mi Salud o 500,000 de los pacientes del Plan de Salud del Gobierno lo que equivaldrían a unos $550 millones anuales.

No se ha podido precisar si las proyecciones o el modelo de negocios de la empresa ha sido modificado a raíz de los cambios, pero los requerimientos contenidos en el documento de petición de propuestas de ASES establecen que los aseguradores no podrán devengar más de 6% de la prima en gastos administrativos y ganancias o la mitad de lo esperado inicialmente por Centene. Asimismo Grajales aseguró que la participación de médicos primarios en la compañía ya no está sobre la mesa.

“La Asociación (de IPAs) determinó a nivel de Junta que no estaría estableciendo relación comercial con Centene, ni con ningún asegurador porque esa no es su función. No estamos para endosar en carácter particular ni favorecer a nadie sino para dar servicio al propio Gobierno”, sostuvo el líder de la organización que representa a 40 grupos con 1,000 médicos primarios.

El representante legal de Centene en Puerto Rico, el licenciado Eric Pérez Ochoa, declinó ofrecer detalles en cuanto a la manera en que se ha estructurado legalmente esta alianza para la participación en el proceso de licitación y si implica una compra o subcontratación porque no está autorizado por la empresa. Los representantes de American Health tampoco respondieron las llamadas del CPI y la Oficina del Comisionado de Seguros no proveyó información sobre si existe alguna regulación que aplique.

Escollos para otras aseguradoras

Otra empresa que enfrentaba escollos legales para participar es First Medical, ya que la ley de ASES impide que aseguradores dueños de hospitales o facilidades de salud participen. La empresa, que posee intereses en los hospitales Pavía, retó la restricción en un pleito pero lo perdió.

Otro que enfrentaba posibles escollos legales para participar de Mi Salud era Triple S debido a que su presidenta Socorro Rivas es investigada en el caso federal de ACODESE, según reveló el CPI, pero Nevárez sostuvo que el requisito legal sobre ejecutivos bajo investigación no afecta la entrega de la propuesta.

“Si fuera encontrada culpable, se cancela el contrato”, indicó.

Esto pese a que la página 30 del RFP dice que ASES está “impedida por ley de contratar a un Asegurador si sus compañías, afiliadas, subsidiarias, o alguno de sus Oficiales, Directores, miembros de Juntas o Cuerpos Directivos has sido acusados, sentenciados, declarado culpables, e incluso si se encuentran incurso en una investigación bajo alguno de los delitos contra el erario y la función pública”.

Grajales anticipó que además de American Health-Centene, entregarán propuestas las aseguradoras que han estado activas en la actual Reforma de Salud –Triple S, Humana, y MCS- y Preferred Medicare Choice (MMM). El pasado 3 de mayo un total de 14 empresas recogieron solicitudes de propuesta en ASES, de ellas tres no estaban licenciadas, tres eran proveedoras de servicios mentales, y una quedó descalificada porque no acudir a la conferencia mandatoria. Asimismo First Medical quedó fuera tras perder su demanda por lo que quedaban seis empresas en carrera para las ocho regiones de Reforma y un total de $1,800 en primas anuales: American Health (Centene), Triple S, Humana, MCS, Preferred Medicare Choice (MMM), y COSVI. Sin embargo COSVI no entregó propuesta.

Mi Salud está pautado para iniciar el próximo 30 de septiembre.

Vea aquí el documento de Centene Corporation

Gobierno obstaculiza el acceso a la información pública

2010-07-09T20:13:00Z

El violento repliegue de ciudadanos que ocurrió en el Capitolio el pasado 30 de junio es sólo la manifestación más pública y violenta de una tendencia gubernamental hacia esconder todo tipo de información y estadísticas, lo cual ya ha provocado que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) someta siete demandas por acceso a la información.
La actitud de que la información del gobierno es confidencial quedó plasmada claramente en un correo electrónico que el Departamento de Educación (DE) incluyó inadvertidamente en una serie de documentos que entregó al CPI hace varias semanas. En el correo, el secretario asociado de Educación Especial, Robert Turner, califica el presupuesto y la información financiera del Programa de Educación Especial (PEE) como "data personal". "Dar toda esta información personal acerca del DE puede ser detrimental a nuestra imagen pública. ¿Por qué tanta exposición con data personal (Finanzas y Presupuesto del PEE)?", dice Turner en el correo producido por la solicitud de información del CPI. Una persona no identificada contesta al correo señalando, "¿De verdad tenemos que hacer esto?", en referencia a entregar la información solicitada.
"El acceso de la ciudadanía a la información y a los procesos públicos es un prerrequisito indispensable de cualquier sistema democrático. El flujo de la información es elemento constitutivo del principio de la transparencia en la conducción de los asuntos públicos. Sin información no puede haber participación consciente y libre. El gobierno secreto es el caldo de cultivo de la arbitrariedad y la tiranía", reaccionó Efrén Rivera Ramos, miembro de la Junta de Directores del CPI y catedrático con más de 30 años de estudio sobre el tema del acceso a la información.
Los obstáculos para acceder a la información pública se han levantado sigilosamente por gobiernos de todos los partidos durante décadas. Recientemente, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IE), contabilizó 131 disposiciones de ley distintas que afectan el acceso mediante calificar de "confidencial" varios tipos de información pública.
La solicitud al DE sobre Educación Especial está pendiente y no ha concluido en una acción legal todavía, pero el CPI ya ha tenido que someter demandas hasta por información tan básica como las estadísticas de causas de muerte que maneja el Departamento de Salud y el reglamento de la Policía que se supone exista para controlar la grabación de vídeo que los agentes hacen en las manifestaciones públicas.
En el caso de Salud, las únicas estadísticas disponibles al público en el presente tienen cuatro años de retraso por lo que se solicitó acceso a la data preliminar que maneja la agencia utilizando los certificados de defunción que recopila a diario. La información fue denegada citando la Ley de Confidencialidad del Paciente HIPAA pese a que la data estadística no contiene nombres y se refiere a personas difuntas. El CPI acudió al tribunal y, tras meses de litigio, obtuvo la data hasta octubre de 2009. A pesar de que las abogadas del Gobierno reconocieron que la información nunca debió de ser denegada, dijeron que no podían entregar nada más reciente porque simplemente no había personal para meter en las computadoras la información de los certificados de defunción. O sea, que el Gobierno toma sus decisiones de política pública de salud para la población a ciegas, con información que no solamente es vieja sino que podría estar viciada. El caso está en etapa de reconsideración porque la jueza Rebecca de León inicialmente adujo que Salud no tenía que entregar lo que todavía no tenía acomodado en su formato.
En el caso de la Policía, la agencia pretende desestimar la demanda de acceso produciendo un reglamento que no aplica a los agentes en las manifestaciones, sino sólo a las patrullas habilitadas con equipo de grabación.
Estas solicitudes, realizadas en conjunto con los estudiantes de clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y el profesor Osvaldo Burgos, surgen por el trabajo periodístico del CPI, pero también por precedentes que se han dado en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las demandas pendientes es contra La Fortaleza para obtener acceso al calendario del Gobernador y el registro de visitantes de la Mansión Ejecutiva. Esta información no ha ido entregada a pesar de que ya el Presidente Barack Obama entregó el registro de visitantes de Casa Blanca, y de que el secretario del Tesoro federal ya entregó su calendario con información de todas las reuniones que sostuvo mientras se negociada el multibillonario paquete de rescate al sistema financiero.
En otro caso, contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se busca obtener acceso a las determinaciones de violación de ley que el Auditor Electoral somete contra los candidatos que incumplen con la radicación de sus informes sobre ingresos, gastos de campaña, y donantes. Poco antes de las elecciones pasadas, el Auditor dijo que había hecho sobre 8,000 referidos al Presidente. A pesar de una sentencia parcial en su contra, la CEE todavía rehúsa dar acceso. Su abogado llegó a argumentar que divulgar esa información podía dañar la reputación de los candidatos, muchos de los cuales resultaron ya electos sin que el público conociera que son violadores de la Ley Electoral. En Estados Unidos, la información de las finanzas de los candidatos, incluyendo los señalamientos de violación por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, están disponibles a toda hora por la Internet.
Los otros casos pendientes son contra el Senado y la Cámara de Representantes, por separado, para obtener acceso a sus respectivos presupuestos, contratos, y facturas; y contra la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal, el Banco Gubernamental de Fomento, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, en conjunto, para acceso a los contratos, facturas, e informes sometidos por sus asesores en el plan de despidos. Además, el CPI es demandante en el pleito que busca garantizar el acceso del público y de la prensa a las gradas del Senado.
"La denegatoria del acceso a las sesiones de la Asamblea Legislativa, ya absolutamente o por limitación parcial durante la consideración, debate y aprobación de medidas legislativas, constituye un acto totalitario, sin duda, inconstitucional. Es, además, un acto golpista a la democracia del Pueblo", opinó Antonio Fernós López-Cepero, catedrático en Derecho Constitucional y miembro de la Junta del CPI.

El CPI no es la única entidad que ha sido afectada en su misión de llevar a la ciudadanía información relevante sobre los asuntos que le afectan, como lo son los políticos deshonestos y las enfermedades mortales. Pese a ser un organismo del propio gobierno, el IE enfrentó la misma negativa de Salud al solicitarle a la agencia que cumpliera con entregarles no sólo estadísticas actuales, sino precisas sobre las causas de muerte del país. El IE demandó, obtuvo acceso a las estadísticas, y actualmente trabaja para depurarlas y publicarla.

Los Medios de Prensa de Puerto Rico repudian la censura del Presidente del Senado de Puerto Rico

2010-06-29T17:27:41Z

"Los directivos de los medios de comunicación y de las organizaciones de periodistas se unieron para firmar una declaración en la que dejan saber su sentir sobre la negativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, de darle acceso a los fotoperiodistas al área de las gradas para la prensa en el hemiciclo.

A continuación reproducimos la declaración:

Los directivos de los medios de comunicación y las organizaciones de periodistas de Puerto Rico aquí firmantes rechazamos la acción del presidente del senado Thomas Rivera Schatz y ese cuerpo legislativo de atentar contra la libertad de prensa y contra los derechos de los ciudadanos de conocer la gestión publica. La prohibición de la entrada de miembros de la prensa y de público a las gradas del hemiciclo es una violación a las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Exigimos que deponga de su directriz inmediatamente.

Acordamos que:

· No negociaremos el derecho a la cobertura periodística en ninguna instalación pública.

· Nos solidarizamos incondicionalmente con nuestros periodistas y fotoperiodistas.

· Seguiremos descargando nuestra responsabilidad con el pueblo sin importar las condiciones restrictivas.

· Nos reservamos el derecho a tomar acciones legales para garantizar el mandato constitucional de que las sesiones legislativas son públicas.

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